El Defensor del Pueblo pide a la Xunta medidas para corregir el impacto generado por las minas de Valdeorras

23 marzo, 2018 ACTUALIDAD , CARBALLEDA , EMPRESA
El Defensor del Pueblo pide a la Xunta medidas para corregir el impacto generado por las minas de Valdeorras

El informe anual del Defensor del Pueblo , entregado en el Congreso de los Diputados, pide a la Xunta de Galicia medidas para corregir el impacto generado por la actividad extractiva de pizarra en Valdeorras e identificar al responsable de su adopción.

En el informe, el organismo advierte sobre la situación de las minas pizarreras de Valdeorras sitas en el concello de Carballeda, quejándose de la falta de colaboración por parte de las administraciones competentes.

Entre estas administraciones, Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, de la cual el Defensor asegura que “se aprecia retraso, a veces de más de cuatro años, en la comprobación del cumplimiento de las obligaciones de restauración de los daños y perjuicios producidos al dominio público hidráulico en la zona explotada”.

Respecto a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia, asegura el organismo que “no conoce con precisión” el estado de las explotaciones mineras ni sus consecuencias. “Sin perjuicio de las que corresponden al órgano sustantivo, esa Consejería debe actuar para corregir la situación descrita y activar la actuación de aquel, recabando información e incluso denunciando actos y exigiendo el cumplimiento de las leyes, tanto si existe pronunciamiento ambiental previo formalizado o no. La Ley de protección del medio ambiente de Galicia establece imperativamente que la Administración no puede aceptar la pervivencia de situaciones que produzcan agresiones o deterioro grave del medio ambiente”.

Destaca el Defensor del Pueblo que el ejercicio sostenible de la actividad minera no consiste exclusivamente en reparar el daño ambiental causado, sino sobre todo, en lograr que la actividad extractiva se desarrolle de forma compatible con el entorno, “lo cual no ocurre si se desecan cauces, contaminan ríos, se dañan los hábitat y se realizan depósitos de residuos incontrolados”. Asegura que se debe prevenir el daño mediante la adopción de medidas que se aplican no solo cuando la actividad finaliza, sino durante su desarrollo así como la correcta supervisión de que estas medidas se adoptan.

Desde el Defensor del Pueblo afiman que este problema ambiental deben atenderse con la actuación conjunta de las administraciones minera, ambiental e hidráulica para evaluar conjuntamente el alcance del problema ambiental existente y ordenar las actuaciones que deban acometerse para la reparación del daño.

Con todo esto, el Defensor del Pueblo sugiere que se debe evaluar los efectos sobre el medio ambiente de la actividad extractiva que se desarrolla en Valdeorras, decidir las medidas correctoras que deban adoptarse e identificar al responsable de su adopción.

También anima a identificar la información recíproca que deben intercambiar las Administraciones en la tramitación de los procedimientos de otorgamiento y modificación de concesiones mineras y adoptar los mecanismos de cooperación necesarios para garantizar la aplicación de las sugerencias.

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